COLUMNISTAS INVITADOS. Escribe Dugar Chappel. Ante el reclamo de los sectores productivos por la asfixia fiscal, una propuesta busca reducir Ingresos Brutos y Sellos por 24 meses para incentivar la inversión privada y la competitividad regional.
La discusión sobre la presión impositiva en Mendoza vuelve a instalarse en el centro del escenario político y económico. Mientras el discurso oficial defiende un alivio fiscal sostenido, la realidad del sector privado expone una preocupante pérdida de competitividad provocada por tributos de alto impacto como Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos. En la siguiente columna de opinión, Dugar Chappel desglosa los efectos de un esquema tributario que castiga la producción y plantea la necesidad de una reforma transitoria y sujeta a resultados como el camino indispensable para volver a generar riqueza, empleo y previsibilidad en la provincia.
La columna completa de Dugar Chappel
Menos impuestos, más producción
Hay momentos en que la política debe dejar de administrar inercias y empezar a remover obstáculos. La discusión sobre la reducción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos en Mendoza no es una concesión sectorial ni un gesto ideológico: es una necesidad económica. Durante años, la provincia ha construido un esquema tributario que terminó gravando no sólo la renta, sino también el trabajo, la inversión y la producción.
El resultado está a la vista. Empresas que postergan proyectos, comercios que reducen personal, emprendedores que permanecen en la informalidad y economías regionales que luchan por sostener su competitividad frente a un escenario nacional e internacional cada vez más exigente.
El gobernador Alfredo Cornejo insiste en presentar a Mendoza como una provincia que ha reducido la presión impositiva. Sin embargo, ese relato difícilmente resista un análisis serio. Los impuestos que más afectan la actividad económica —como Ingresos Brutos y Sellos— continúan representando una carga significativa para quienes producen, invierten y generan empleo. Más que una baja efectiva de impuestos, lo que ha existido son adecuaciones puntuales o modificaciones parciales que no alteran la realidad tributaria que enfrenta el sector privado.
Si verdaderamente Mendoza hubiera emprendido un proceso sostenido de alivio fiscal, hoy no existiría un reclamo tan amplio y persistente de empresarios, comerciantes, industriales y productores que siguen señalando a la presión tributaria como uno de los principales obstáculos para crecer.
El Impuesto sobre los Ingresos Brutos representa quizá el ejemplo más evidente de un tributo que castiga el proceso productivo. Su carácter acumulativo provoca el conocido «efecto cascado»: cada etapa de la producción incorpora una nueva carga tributaria que finalmente termina pagando el consumidor. No grava únicamente la ganancia; grava el movimiento mismo de la economía.
Algo similar ocurre con el Impuesto de Sellos. Cada contrato, cada crédito, cada inversión y cada operación comercial soporta un costo adicional que desalienta la actividad formal. En lugar de facilitar los acuerdos económicos, el Estado termina encareciéndolos.
Reducir estas alícuotas no significa renunciar a la responsabilidad fiscal. Por el contrario, supone comprender que el equilibrio de las cuentas públicas no puede descansar indefinidamente sobre una presión tributaria que termina debilitando la base económica que precisamente debe sostenerlas. No existe provincia próspera con empresas asfixiadas. Tampoco existe equilibrio fiscal duradero cuando la producción pierde dinamismo y el empleo privado deja de crecer. La mejor política tributaria no es aquella que recauda más en el corto plazo, sino la que genera las condiciones para que existan más contribuyentes, más inversión y mayor actividad económica.
La propuesta de reducir transitoriamente ambos impuestos durante veinticuatro meses constituye una medida prudente. Tiene plazo determinado, prevé mecanismos de evaluación periódica y concentra el esfuerzo fiscal en los sectores con mayor capacidad de generar empleo y valor agregado. No se trata de un cheque en blanco, sino de una política pública sujeta a resultados.
Desde luego, ninguna reforma tributaria resolverá por sí sola los problemas estructurales de Mendoza. Hace falta también seguridad jurídica, reglas previsibles, infraestructura, acceso al crédito y un Estado eficiente. Pero resulta difícil exigir inversión privada cuando el propio Estado incrementa sistemáticamente los costos de producir.
Las provincias compiten. Compiten por inversiones, por capital humano y por proyectos productivos. En ese contexto, la presión fiscal deja de ser únicamente un instrumento de recaudación para convertirse en un factor decisivo de competitividad. Quien grava excesivamente la producción termina expulsándola.
La política suele debatir cómo distribuir la riqueza. Mucho menos frecuente es que discuta seriamente cómo crearla. Y la riqueza no nace de los impuestos; nace del trabajo, de la innovación, del riesgo empresarial y de la confianza.
Mendoza necesita volver a ser una provincia donde producir resulte más atractivo que especular, donde abrir una empresa sea más sencillo que mantenerla en la informalidad y donde el Estado comprenda que su fortaleza depende, en gran medida, de la fortaleza del sector privado.
Bajar impuestos nunca debería entenderse como un beneficio para unos pocos. Cuando la reducción está orientada a estimular la producción, proteger el empleo y ampliar la base económica, termina beneficiando al conjunto de la sociedad. Porque una provincia no progresa cuando su Estado recauda más. Progresa cuando sus ciudadanos producen más, invierten más y encuentran razones para apostar por su futuro.